En Argentina, tres policías condenados a cadena perpetua por un delito motivado por «odio racial»

El 17 de noviembre de 2021, cuatro adolescentes salen del centro de entrenamiento del club de fútbol Barracas Central, ubicado en el sur de Buenos Aires. Jugaba allí Lucas González, de 17 años. Tres de sus amigos habían venido a probar suerte al unirse a los equipos juveniles de este club de primera división. Son las 9:30. De regreso al municipio de Florencio Varela donde vivo, ubicado en las afueras de la ciudad, me detengo a comprar jugos de frutas y pasteles, en la entrada de Vila 21 -24, un barrio precario de la capital argentina.

De repente, un vehículo sin identificación y sin matricular les corta el paso. «Toqué la bocina porque pensé que estaba distraído», dirá el conductor, Julián Salas, durante el juicio. Cuando ve a uno de los agentes, vestido de civil, vestido de negro y con una pistola en la mano, bajarse del coche, dice que está pensando en un intento de robo e intenta escapar trepando por la acera.

Los disparos comienzan a fusionarse, dos balas alcanzan a Lucas González en la cabeza. Julian detiene el vehículo y pide ayuda. Policías uniformados apostados en las inmediaciones intervienen y rápidamente inmovilizan a dos de ellos, mientras que el tercero escapa, antes de ser detenido horas después cuando acudió a la comisaría a denunciar el hecho. Mientras tanto, Lucas González será trasladado bajo custodia policial al hospital antes de sucumbir a sus heridas al día siguiente.

Catorce policías imputados

Rápidamente, la versión que dieron los policías involucrados -quienes aseguraron que corría peligro de desaparecer- «cuatro jóvenes aparentemente menores» OMS «estaban armados», pierde credibilidad. Si bien afirman que los amenazaron con un arma, descubrimos que esto último es falso y que por lo tanto no hubo disparos, sino un solo sentido. Los padres de los chicos aseguraron a la prensa que el arma encontrada en el auto de los jóvenes fue colocada allí por la policía después del hecho, lo que luego será confirmado por un testimonio. Finalmente, un video de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que registró parcialmente la secuencia, muestra, según el magistrado que lo evaluó, una escena que más parece un «agresión» de la policía que un control de identidad.

En los medios y en las redes sociales la sociedad argentina está indignada. El impacto es tal que es Gregorio Dalbon, uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien finalmente representará a las familias de las víctimas.

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