El presidente de Argentina quiere destituir a la Corte Suprema
(Buenos Aires) El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inició este miércoles un procedimiento parlamentario para revocar a la Corte Suprema por «mal desempeño de sus funciones», una nueva etapa en el conflicto entre el poder y el poder judicial que quiere reformar.
El señor Fernández (peronista, centro izquierda) presentó el miércoles a funcionarios de la Cámara de Diputados una solicitud de «juicio político» contra la Corte Suprema, pidiendo «pronta tramitación legislativa».
El enfoque, con un fuerte simbolismo, casi no tiene posibilidades de éxito. Los eurodiputados primero deben aprobar el principio de una investigación. Este último, si tiene lugar, se lleva a cabo dentro de los 60 días por un comité parlamentario. Luego se requiere la aprobación de dos tercios de cada cámara para «impugnar» formalmente y luego destituir a los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Sin embargo, la coalición gobernante de centroizquierda no tiene mayoría absoluta ni en la Cámara Baja ni en el Senado, a pesar de que es el grupo más importante allí.
La iniciativa del jefe de Estado sigue a un fallo de diciembre de la Corte Suprema, fuertemente impugnado por el gobierno central, que aumentó la proporción de los ingresos fiscales federales que debería recibir la capital Buenos Aires, cuyo alcalde es el opositor de centroderecha Horacio. Larreta.
El presidente acusó a la Corte de «invadir arbitrariamente las esferas de competencia exclusiva de otros poderes» del Estado. Denunció un «juicio político, ligado a un año electoral», con Larreta como serio candidato en las elecciones presidenciales previstas para finales de 2023.
En cambio, Larreta acusó a Fernández de «violar el orden institucional y atentar contra el estado de derecho y la democracia», atacando a los jueces. El bando del Gobierno «quiere pasar por encima de la ley y cambiar de árbitro», denunció, asegurando que la oposición impedirá el procedimiento.
Desde el inicio de su mandato en 2019, Alberto Fernández ha intentado en vano reformar el sistema judicial, ampliamente desacreditado y del que Gobierno y oposición se acusan mutuamente de instrumentalizar.
Según una encuesta de mediados de 2022, más del 78% de los argentinos tiene una imagen «negativa» o «muy negativa» del funcionamiento de su sistema de justicia.
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