Deforestación: la UE quiere ecologizar sus importaciones, las ONG lamentan las deficiencias

Bruselas propuso este miércoles prohibir la importación de ciertos productos a la Unión Europea, como la soja, la carne de res o el aceite de palma, cuando contribuyan a la deforestación, un proyecto elogiado por las ONG ambientalistas, que consideran que sigue siendo insuficiente.

Las nuevas normas se aplicarán también a la madera, el cacao y el café, así como a algunos productos derivados (cuero, muebles, etc.), según el proyecto de ley presentado por la Comisión Europea, que será discutido el próximo año por los estados miembros y Eurodiputados.

Las empresas importadoras deberán recopilar datos precisos del lugar de producción, para garantizar que las materias primas comercializadas en Europa no provengan de tierras deforestadas después de diciembre de 2020 y no violen las reglas del país productor.

Según WWF, las importaciones de la UE representan alrededor del 16% de la deforestación asociada con el comercio internacional.

El comisionado de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, dijo que estas nuevas regulaciones “sin precedentes” tienen como objetivo “no solo la deforestación ilegal, sino también la deforestación destinada a expandir las tierras agrícolas”.

“Proporcionará resultados tangibles críticos para abordar tanto la pérdida de biodiversidad como el calentamiento global”, donde la deforestación representa el 11% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, dijo. Según Bruselas, el proyecto reducirá al menos 31,9 millones de toneladas de emisiones cada año.

La comisión planea clasificar las regiones del mundo de acuerdo con el riesgo de deforestación: la verificación requerida por las empresas para las áreas de bajo riesgo se simplificará, pero se mejorará en gran medida para quienes sufren una deforestación extensa.

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Las declaraciones de los importadores integrarán una base de datos accesible a los Estados miembros para verificar el cumplimiento de las normas, con multas a los infractores acordes con el daño ambiental.

Esta propuesta llega en un momento en que muchos Estados miembros, encabezados por Francia, se oponen a la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), por considerarlo incompatible con la agenda climática europea. Amazonas.

– ‘lagunas evidentes’ –

Víctima del área de deforestación para el cultivo de palma aceitera, cerca de Kisangani, en la República Democrática del Congo, 25 de septiembre de 2019 (AFP / Archivos – SAMIR TOUNSI)

La organización de protección ambiental WWF elogió “un buen comienzo” y Greenpeace un “rayo de esperanza sin precedentes”, al tiempo que denunció “flagrantes deficiencias”.

Así, la normativa no se aplica a algunos productos (maíz, caucho, cerdo, aves de corral), ni se refieren a ecosistemas distintos a los bosques (humedales, turberas, sabanas … que también se degradan a favor de la agricultura intensiva).

En 2018, según WWF, una cuarta parte de las importaciones europeas de soja provino del Cerrado Savannah (Brasil / Paraguay / Bolivia), una de las regiones más amenazadas de América del Sur. El cultivo del caucho está causando daños masivos a los bosques tropicales de Camerún, dice Greenpeace.

“Nos hemos enfocado científicamente en los productos en los que los europeos contribuyen más a la deforestación, donde podemos intervenir de manera más efectiva”, dijo Sinkevicius.

Agregó que “la Unión Europea tiene una serie de programas orientados a la conservación de humedales y turberas, y este es el tema de la COP15 (sobre biodiversidad)” que comenzó en octubre.

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Otra preocupación para las ONG: la posibilidad de una exención “de facto” para las empresas que importan sus productos de áreas consideradas de “bajo riesgo” por Bruselas, con el riesgo de que las materias primas de la deforestación en otros países pasen por estas áreas, señalamos en el WWF.

Finalmente, el proyecto no menciona la protección de los derechos de los pueblos indígenas, cuyo hábitat está amenazado por la deforestación, lamenta Global Witness. La ONG también denuncia la falta de normas que regulen la financiación europea de proyectos agroindustriales en el exterior.

A partir de ahora, “los Estados y el Parlamento Europeo deben fortalecer el texto, para que podamos asegurarnos de que no haya ningún producto en nuestra canasta que esté asociado con la destrucción del medio ambiente o las violaciones de los derechos humanos”, enfatiza Seni Iraja de Greenpeace. .

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